En el año 2009, por primera vez en Indonesia, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de emitir su voto de forma preferencial y escoger a su candidato legislativo preferido. Lo que viene siendo, en términos politológicos, un voto preferencial con listas cerradas y desbloqueadas. Lo que para gran parte del 15-M español podría parecer un avance democrático de considerables dimensiones de cara a la rendición de cuentas de los políticos con la ciudadanía, en suelo indonesio no parece que los resultados hayan sido tan positivos como se esperaba, al menos en el ámbito nacional. Como ya comentamos en la entrada sobre la “informalidad en el presidencialismo indonesio”, los mecanismos de toma de decisiones del DPR indonesio no favorecen la transparencia y la posición de los legisladores respecto a los diversos temas que allí se debaten, sólo se conoce de puertas a dentro.
Asimismo, en el caso indonesio, del que ya hemos comentado la debilidad de las maquinarias partidistas, los costes de los candidatos para las campañas se han visto incrementados considerablemente ya que, no sólo tienen que competir contra los legisladores de otros partidos, sino también contra los otros candidatos de su propio partido. Esto, en un país donde la apropiación de los recursos del Estado está al orden del día (véase la entrada “España:KKN”), ha provocado que algunos de los candidatos vean la campaña como una inversión que tienen que recuperar una vez en el cargo. De hecho, en el ámbito local y provincial, algunos de los candidatos que, después de invertir grandes sumas de dinero, no habían conseguido un escaño, acabaron por suicidarse al no poder soportar el peso de sus deudas.
Esta línea de argumentación que relaciona las listas abiertas con mayor corrupción es la que han tomado aquellos indonesios que son contrarios a éstas. Así, el pasado sábado 14 de abril, el periódico indonesio Koran Tempo, publicaba unas declaraciones del Abdul Hakim, portavoz del grupo parlamentario del PKS en el DPR, en las que éste presentaba su posición contraria a las listas abiertas para las elecciones generales indonesias y en las que veíamos este tipo de argumentos. Sin embargo, el rechazo del PKS hacia las listas desbloqueadas no es fruto, simplemente, de su voluntad de liberar al pueblo indonesio del yugo de la corrupción, ni por asomo. El principal problema del PKS con las listas abiertas es su condición de partido de masas.
Para el PKS, un partido que basa su fuerza en el adoctrinamiento de sus miembros, que estos tengan que competir entre ellos es casi una tragedia. Tal y como nos relataba personalmente un militante del PKS en Yogyakarta, “en la cultura del PKS no se concebía que sus candidatos tuvieran que enfrentarse entre sí». El Partido de la Justicia y la Prosperidad apuesta por que sus militantes sigan homogéneamente el pensamiento y las decisiones emitidas por la cúpula del partido, en este caso la Majelis Syuro (la Asamblea Deliberativa); esto es lo que les hace “fuertes” frente la arbitrariedad y el populismo de los candidatos de los demás partidos indonesios. Pero, tal y como demuestran los resultados electorales de 2009, en los que el PKS obtuvo el 8% de los votos, así como también nos han reconocido algunos de los miembros del partido, esta fórmula no parece ser muy efectiva en el contexto indonesio.
El caso indonesio pone de manifiesto que las disfunciones de un sistema político, en este caso la corrupción, no se pueden arreglar con la mejora de uno solo de sus elementos. Al mismo tiempo, nos muestra que cada contexto es diferente, y lo que puede funcionar en un lugar, puede no hacerlo en otro. Como bien indican Laiz y Román (2003), un sistema político es un “conjunto identificable de elementos o variables, que interactúan entre sí y con el ambiente [y en el que] convergen el régimen, la comunidad política, la sociedad en su vertiente de actor político y la asignación de valores por una autoridad, logrando que éstos sean tomados como obligatorios el mayor tiempo posible”. El sistema electoral, es solo uno de esos elementos que operan en un sistema político, y que a su vez, en tanto que sistema, también está formado por múltiples componentes (número de representantes a elegir; circunscripciones, de las que SÍ importa el tamaño y el número; la barrera electoral; etc.).
Precisamente por esto, es importante que la ciudadanía no se quede en la superficie y que exija cambios de verdad sustanciales. En el caso indonesio, la introducción de las listas abiertas no parece haber mejorado la rendición de cuentas en ninguno de los tres niveles de gobierno. En los ámbitos local y provincial, la excesiva dependencia económica del centro y la gestión por parte de los ejecutivos –sin el control de los parlamentos regionales– de los recursos que de allí llegan, limitan mucho la importancia de los poderes legislativos y hacen que éstos pierdan relevancia para la ciudadanía que, consecuentemente, deja de escrutarlos. En el ámbito nacional, los mecanismos de funcionamiento del DPR dificultan que los ciudadanos puedan saber qué decisiones toman sus representantes en el parlamento. Asimismo, las listas desbloqueadas, por sí solas, tampoco han ayudado a reducir los casos de corrupción. Y es que para eso, es mucho más efectiva una reforma profunda del poder judicial.
Las listas desbloqueadas o abiertas, en teoría, mejoran la rendición de cuentas vertical, esto es entre los ciudadanos y sus gobernantes. Sin embargo, tal y como demuestra el caso indonesio, sin unos buenos mecanismos de accountability horizontal, esto es entre las diferentes instituciones del Estado y, sobre todo, entre los tres poderes, la primera queda bastante limitada.
Imagen: kanalpemilu.net
Algunas lecturas relacionadas:
Laiz, C. y Román, P. (2003): Política Comparada, Madrid, McGraw-Hill.
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